La ayuda a los parados crece hasta los 570 euros y será compatible con un empleo durante seis meses

La ayuda asistencial para los parados que hayan acabado la prestación contributiva o no tengan derecho a ella será más generosa, tendrá carácter decreciente y se podrá compatibilizar con un empleo durante seis meses. Este es el resultado de la negociación entre los ministerios de Trabajo y Economía, que ha finalizado a primera hora y cristalizado en el Consejo de Ministros de este martes. El desbloqueo permitirá solicitar los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos este mismo miércoles. El plazo acababa el 31 de diciembre.

La reforma, comprometida con Bruselas en el plan de recuperación, contempla una ayuda máxima de 570 euros durante los primeros seis meses, 540 euros los siguientes seis y 480 euros a partir de ahí. Es decir: la ayuda será más elevada durante el primer año, y se mantendrá igual que hasta ahora desde el mes 13 hasta el 30, que es el periodo máximo que se puede recibir. Como excepción, quienes entren a través de la vía para mayores de 52 años mantendrán la ayuda actual (480 euros) durante todo el período, que se puede extender hasta la jubilación. Estas cuantías, que solo se aplicarán a los nuevos perceptores, están calculadas como porcentajes del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), de tal manera que, si este se actualiza en los próximos presupuestos, subirán.

Los cambios aprobados por el Gobierno suponen una solución de compromiso entre las posiciones de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que han mantenido un pulso durante las últimas semanas con un trasfondo ideológico: mientras la primera apostaba por endurecer la ayuda para evitar que desincentivase la creación de empleo, la segunda ha negado en todo momento este efecto indeseado, y prometió que no habría ningún recorte. Efectivamente, ha sido así, pero algunos de los principios defendidos por Calviño sí se incluyen en la reforma.

El primero es el de la evolución decreciente de las cuantías, que también recogía la propuesta de Trabajo. Según filtró en su día el ministerio de Díaz, Calviño proponía 600 euros los primeros tres meses, 480 el segundo trimestre, 390 el tercero y 300 el cuarto, con una duración total de 12 meses, frente a los 30 actuales. Díaz, por su parte, defendía 660 euros los seis primeros meses, 540 los seis siguientes y 480 el resto del tiempo, sin recortes en la extensión.

Las cifras finales son más cercanas a la propuesta de Díaz, que ha conseguido cumplir su palabra. No se recortarán las cuantías —al contrario—, y tampoco el tiempo máximo para recibir el subsidio, que se mantiene en dos años y medio (actualmente, varía en función de las circunstancias de los perceptores: aquí se pueden consultar todos los detalles).

¿Desincentiva el empleo?

El segundo principio defendido por Economía, y que finalmente se aplicará, es el refuerzo de la compatibilidad del subsidio con un empleo a tiempo completo o parcial sin que se reduzca la cuantía. Será de 180 días, frente a los 45 que proponía Trabajo. Con ello, se trata de evitar que los perceptores participen en la economía sumergida, como alertaba el departamento dirigido por Calviño.

La filosofía de la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones ha acabado plasmada en el acuerdo. Si realmente el subsidio no desincentiva un empleo, como dice Díaz, parece extraño que dos de las líneas básicas de la reforma hayan sido facilitar la compatibilidad de la ayuda con un puesto de trabajo durante más días y reducir las cantidades a medida que pasa el tiempo. Ambas ideas no estaban contempladas en el componente 23 del plan de recuperación, que solo habla de mejorar y ampliar estas políticas; es decir, subir las cuantías y extenderlas a más beneficiarios.

La ampliación constituye otra de las victorias de Díaz, que finalmente ha conseguido incorporar a los eventuales agrarios, que hasta ahora solo podían recibir la ayuda en Andalucía y Extremadura, los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla y los menores de 45 años sin cargas familiares. Este último era uno de los puntos de acuerdo con Economía desde el principio. Gracias a la modificación, la ayuda llegará a unos 400.000 perceptores más —son datos de Trabajo—, lo que aumentará su coste, una de las objeciones que había establecido Calviño ante la recuperación de las reglas fiscales europeas para 2024.

Control cada tres meses

Sin embargo, el número de beneficiarios y, por tanto, el esfuerzo económico en las llamadas políticas pasivas de empleo también se podría reducir por otro lado. La reforma contempla una simplificación de las formas de acceso al subsidio, que quedarán reducidas a dos: la de los parados que pierden la prestación contributiva o no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente y la vía de los mayores de 52 años, que pueden cobrar el subsidio aunque no procedan de la prestación. La idea es que el resto de los casos pasen al ingreso mínimo vital (IMV).

Además, los plazos para la obtención del subsidio se agilizarán, de tal manera que no habrá que esperar 30 días desde el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud, como sucede en la actualidad. "Era una especie de castigo", ha dicho Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quienes hayan agotado el paro tendrán hasta seis meses para pedir la ayuda. A cambio, el control periódico para garantizar que el perceptor cumple los requisitos se endurece: será trimestral, como pedía Economía, y se acreditará a través de una declaración responsable sobre las rentas e ingresos recibidos en el mes natural anterior a la solicitud.

Según los cálculos de este periódico, la ampliación del subsidio en los términos en los que la planteaba Trabajo podría atrapar a 300.000 personas en el paro. Actualmente, lo reciben unos 700.000. No hay que olvidar que uno de los propósitos de la vicepresidenta Calviño, y promesa electoral del PSOE, es lograr el pleno empleo en esta legislatura, lo que explica su insistencia en convertir la ayuda en una pasarela hacia el regreso al mercado laboral. De hecho, continuará vinculada a un itinerario personalizado hacia el empleo, plasmado en un acuerdo de actividad entre los servicios de colocación y el beneficiario con obligaciones recíprocas para la búsqueda de un puesto de trabajo. "Somos el Gobierno de los trabajadores y hemos resuelto los matices que teníamos con diálogo", ha concluido Díaz, en un tono más conciliador que el de las últimas semanas.

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